El Presidente Francisco Flores inició el 23 de julio de 2003 una ofensiva
contra las maras y pandillas. En esta ofensiva, que ellos mismos la han llamado
«estrategia electoral» en un documento interno del partido Arena, se
enfrentó primero con los diputados de la oposición en la Asamblea Legislativa,
pues éstos no querían aprobar la Ley Antimaras, a quienes el Presidente venció
con una bien planificada y millonaria publicidad y el partido PCN cedió dando
sus votos para aprobar dicha ley. El conflicto continuó con los Jueces de la
República, quienes se negaron en un principio aplicar la ley por ser inconstitucional.
También fueron presa fácil de la publicidad y de la calumnia, pues se les acusó
de apoyar a los «mareros». Igual suerte sufrieron la Procuraduría de
los Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y
toda institución que se opusiera a dicha ley.

Para los medios de comunicación y las encuestas de opinión pública realizadas
por varias universidades, Francisco Flores es reconocido como el presidente que
es «duro contra la delincuencia». El mismo candidato a la presidencia
por el partido Arena, Elías Antonio Saca, dice que él aplicará una ley
«mano super dura» para sacar provecho de la popularidad de Flores;
pues dicha ley, aunque mal redactada y violenta la Constitución, ha recibido el
apoyo de la ciudadanía que se siente agobiada por el flagelo de la delincuencia
y cualquier pequeño alivio le parece bien.

Ante esta situación cabe preguntarse si Francisco Flores es un presidente
«duro contra la delincuencia» venga de donde venga. Los diversos
actos de corrupción cometidos durante su administración dicen lo contrario.
Porque el llamado «delito de cuello blanco» que se ha cometido en los
casi cinco años de gobierno no ha sido castigado, sino que en varias
oportunidades Francisco Flores ha salido a la defensa de quienes han sido señalados
por la Fiscalía, la Corte de Cuentas u otra Institución de cometer este tipo de
delito.

Para que hagamos memoria de este periodo presidencial del partido ARENA he
recopilado de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, la Revista
ECA y la Revista Probidad, los actos de corrupción que han salido a la luz pública
y de los cuales la población no sabemos en que terminaron las investigaciones,
ni tampoco por qué no se castigó a ninguno de estos delincuentes de
«cuello blanco».

Es necesario hacer varias aclaraciones. En primer lugar no se presentan todos
los actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Francisco Flores, pues
un ciudadano común y corriente como yo no tiene acceso a fuentes de información
del Gobierno. En segundo lugar aquí no presentamos la corrupción de los
gobiernos de Alfredo Cristiani y Calderón Sol (FONAVIPO, FOMIEXPORT,
FINSEPRO/INSEPRO, entre otros). Esto necesitaría una investigación aparte. Por
hoy el interés es en el gobierno que es «duro contra la delincuencia».

Por último, el interés de esta pequeña investigación es que no perdamos la
memoria, pues en este país cada semana aparece un escándalo y entre muchos que
ocurren lo más seguro es que olvidemos los anteriores. Vayamos a los hechos.

2. Memoria de los principales actos de corrupción

JULIO DE 1999

El Banco Central de Reserva autorizó un préstamo de 2 mil 94 millones de
colones para que el banco de Crédito Inmobiliario S.A. (CREDISA) cancelara sus
deudas con otras instituciones financieras nacionales. Varios analistas económicos
señalaron que el millonario desembolso afectaría notablemente la economía del
país, provocando una elevación en los niveles de inflación, además que CREDISA
no tenía garantías reales para el préstamo. Sin embrago, de lo que no se habló
es que el préstamo había sido hecho meses atrás con una tasa de interés del uno
por ciento. Hasta el momento el Estado no ha podido cobrar la suma millonaria,
ni castigado a los responsables de dar un préstamo sin los debidos requisitos
que manda la ley.

SEPTIEMBRE 1999

ROBO EN FEDEFUT


En septiembre de 1999 la Corte de Cuentas, con bombos y platillos, anunció que
había descubierto un millonario faltante en la Federación Salvadoreña de Fútbol
(FEDEFUT). Primero dijo que eran 90 millones de colones, pero luego, y sin
explicación alguna, oficializó la cifra del faltante en 35 millones de colones
(unos 4 millones de dólares).

¿Quiénes eran los implicados? El principal implicado era el ex-presidente de la
FEDEFUT, Juan Torres. El Coordinador General Administrativo de la Corte de
Cuentas, el arquitecto Pedro Angel, diseñó varios supermercados para la familia
Torres y construyó el albergue de la FEDEFUT. Dos ex-magistrados de la Corte de
Cuentas, José Adalberto Amaya (ARENA) y Alfredo Arbizú Zelaya (quien fue
diputado y también se cambió de partido), después de dejar sus cargos en el
ente contralor fueron contratados en la FEDEFUT. Uno de los jefes del
departamento jurídico de la Corte de Cuentas, Hugo Villalta, luego directivo de
la FEDEFUT.

Tantos vínculos surtieron efecto. Un año después de tener en
«stand-by» la investigación, la Corte de Cuentas redujo el faltante
de 35 millones a 3.5 millones de colones y negó a la Fiscalía, junto a la
documentación correspondiente, que hubieran indicios de delito en este caso. La
Fiscalía tuvo que obtener una orden judicial para allanar las oficinas de la
Corte de Cuentas y secuestrar la documentación que le había sido negada.

Sin el apoyo del ente contralor, la Fiscalía emprendió la causa judicial. Demandó
a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos,
administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas,
uso de documentos falsos y apropiación indebida, y a dos funcionarios de la
Corte de Cuentas por actos arbitrarios.

En octubre de 2000, la jueza Paula Patricia Velásquez, exoneró sorpresivamente
a todos los implicados. Ni siquiera consideró la evidencia cuando argumentó que
los delitos tipificados por la Fiscalía no procedían porque la FEDEFUT no era un
ente público. Una cámara de segunda instancia, 5 meses después, anuló la
cuestionable resolución de la jueza Velásquez. La CSJ, por la presión del público,
abrió un expediente contra ella, pero después de más de varios años de
investigación aún no ha resuelto nada.

En noviembre 2001 otro juez de primera instancia volvió a conocer el caso de la
FEDEFUT. Nuevamente la Fiscalía fue sorprendida. El juez Levis Italmir Orellana
exoneró a los imputados. Ahora el argumento era que no se podía iniciar la acción
judicial, mientras la Corte de Cuentas, que se negó a dar documentación y
cooperar con la Fiscalía, no declarara que habían indicios de responsabilidad
penal, y que por tanto se había violado el debido proceso.

Por su parte, la Cámara Tercera de la Corte de Cuentas, que tenía que juzgar
por la recuperación del dinero, también exoneró de responsabilidad patrimonial
a los implicados. Esta instancia declaró «improponible» la demanda de
la Fiscalía porque los documentos presentados fueron copias simples (los originales
estaban en ese momento en el tribunal penal).

AGOSTO DE 1999

10 MILLONES DE COLONES A EXPATRULLEROS EN EL CONTEXTO DE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES


El gobierno de ARENA desembolsó 10 millones de colones a unos 5 mil
expatrulleros agrupados en APROAS en calidad de ayuda por la tormenta Mitch,
casualmente unos días antes de las elecciones presidenciales en las que
Francisco Flores resultó ganador ¿De dónde salieron los 10 millones? Walter
Araujo, jefe de fracción de Arena, manifestó que el Gobierno autorizó la
entrega de los 10 millones de colones en concepto de ayuda para agricultores
afectados por el Mitch. Esto implicaba que el dinero provenía de la ayuda
internacional. Luego se señaló a SETEFE, instancia que se encarga de
administrar fondos provenientes de financiamiento externo. Por último el
ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, reveló que los 10 millones fueron
extraídos de la partida de imprevistos del presupuesto general de la nación.
Francisco Flores dijo desconocer los hechos, como si esa excusa eximía a su
gobierno de pedir una investigación y castigar a los culpables.

FEBRERO 2000

EDUARDO PEÑATE POLANCO, EXPROCURADOR IMPUNE


En febrero 2000, Peñate Polanco renunció a su puesto de Procurador para la
Defensa de los Derechos Humanos. En octubre 2000, fue expulsado de la planilla
de magistrados de cámara de la Corte Suprema de Justicia, cargo que desempeñaba
antes de ser procurador.

En julio 2001 la Corte de Cuentas, después de haber pasado más de un año desde
que Peñate Polanco abandonó el cargo, presentó el informe de auditoría a su
gestión. Las observaciones hechas fueron las siguientes:

  Desvío de fondos: De donaciones recibidas de organismos internacionales
estimadas en un millón 775 mil 978 colones, solo ingresó a la cuenta bancaria
respectiva la suma de 643 mil 143 colones. Lo mismo ocurrió con otra donación
de UNICEF por un monto 281 mil 692 colones, de la cual solo fueron depositados
225 mil 590 colones. No se sabe que pasó con el resto del dinero.

  Pagos excesivos en telefonía móvil: En diciembre/1999, la PDDH pagó 19
mil 864 colones por el uso de teléfonos celulares. De esa suma 16 mil 634
colones correspondían a 4 cuatro teléfonos asignados al entonces Procurador Peñate,
y el resto -tres mil 230 colones- al de su secretario privado.

  Uso excesivo de combustible: En un mes Peñate y su personal de
seguridad recibieron cupones de combustible por un monto de 86 mil 250 colones,
cuando según la asignación oficial establecida solo debían recibir un mil
colones.

  Empleados fantasmas: Se reportó que hubo casos de empleados de la PDDH
que solo asistían un día al mes a sus labores y sin embargo recibían su sueldo
completo. Ni la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia o la Corte de
Cuentas afirmaron si le impondrían sanciones al ex-procurador o si le pedirían
a la Fiscalía abrir un proceso penal.

JUNIO 2000

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS EN TELECOM


La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) sancionó públicamente
a la empresa CTE-Telecom, tras comprobar que intervino e interfirió teléfonos
de instituciones públicas y residencias particulares. Esto puso de manifiesto
la existencia de estructuras de espionaje bien organizados y el involucramiento
del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) desde tiempos de ANTEL.

Orlando de Sola, titular de la SIGET destituida durante la gestión de Calderón
Sol, aseguró que ANTEL y el Gobierno poseían un sistema de espionaje telefónico
en el que trabajaban unas cuarenta personas.

El Presidente Francisco Flores dijo que no permitiría la existencia de una
estructura de espionaje en el Estado, pero luego dijo que no se trataba de
espionaje, sino de «competencia comercial» y que cualquier
posibilidad de que existiera algún tipo de motivación política en la intervención
telefónica quedaba descartada.

El fiscal prometió seguir investigando y con una anunciada inspección a las
oficinas del Organismo de Inteligencia del Estado expresó no haber encontrado
indicios de espionaje. Por otro lado iban a traer peritos en comunicaciones
para que investigaran el polémico código B9 heredado de ANTEL. Nunca vinieron
los expertos y todo quedó olvidado. Además le quitaron la sanción a Telecom.

OCTUBRE 2000

CERCA DE 130 PERSONAS MUERTAS POR METANOL


Del 3 al 18 octubre se intoxicaron más de 130 personas con metanol. Los
departamentos afectados fueron Chalatenango, Cabañas, San Vicente, La Paz, San
Salvador y Cuscatlán.

Las primeras investigaciones responsabilizaron a la empresa Químicas Aliadas.

Los propietarios dejaron a la deriva a más de 300 empleados al cerrar la
empresa. Las investigaciones posteriores que se seguían en contra de Químicas
Aliadas se determinaron que esta no tenía nada que ver con la producción de
alcohol, sino con evasión de impuestos y adulteración de la fórmula para
productos desinfectantes. Lo cierto era que Químicas Aliadas solo era una
empresa hermana de Central de Licores, dónde si se producían las marcas de
licor adulterado que estaba provocando las muertes. Sobre esta empresa la
fiscalía no ha comunicado investigación alguna. Los familiares de los
fallecidos todavía reclaman justicia. La empresa Químicas Aliadas no fue
sancionada ni por los delitos de evasión de impuesto y adulteración de la fórmula,
ni mucho menos por la presunta implicación en la muerte de los intoxicados.

DICIEMBRE DE 2000

MINISTRO EVASOR DE IMPUESTOS


La Prensa Gráfica puso al descubierto en diciembre 2000 los conflictos de
intereses y la falta de ética del Ministro de Economía, Miguel Lacayo, quien ha
favorecido con aranceles a cero la importación de componentes para la fabricación
de baterías. Lacayo es presidente de las empresas Baterías de El Salvador y
Partes para Baterías.

El Consejo de Ministros de la Integración Económica, COMIECO, ha refrendado en
cinco ocasiones, a solicitud del ministro Lacayo, prórrogas a una resolución
ministerial de salvaguarda. Dicha resolución otorga una exención de impuestos a
la importación de componentes para baterías.

Según Lacayo, la cláusula de salvaguarda fue aplicada por desabastecimiento de
materia prima, sin embargo el mismo gerente de mercadeo y ventas de la Baterías
de El Salvador, Álvaro Corpeño, dijo a La Prensa Gráfica: «En ningún
momento hemos estado desabastecidos, ni siquiera en los tiempos de guerra,
porque siempre hubo una política bastante sana de inventarios».

Las autoridades gubernamentales, entre ellos el Presidente de la República, el
Secretario Técnico de la Presidencia, el Ministro de Hacienda, el Viceministro
de Economía y diputados del partido gobernante, ARENA, defendieron la conducta
de Lacayo, aduciendo entre otros argumentos que son varias las empresas que han
sido favorecidas con la cláusula de salvaguarda y negado la existencia de
conflicto de intereses en este caso. Aunque Lacayo afirmó que hay cuatro
industrias más en El Salvador que se dedican a la fabricación de baterías, los
reportajes de La Prensa Gráfica han mostrado que su empresa es la que ha
solicitado estas exenciones y que ha sido la más beneficiada. Desde noviembre
de 1999, ingresaron a El Salvador con arancel cero o con descuento, 66
contingentes de componentes para baterías, de los cuales 62 eran propiedad de
Baterías de El Salvador.

Lacayo asistió en marzo 2001, tras ser convocado en cuatro ocasiones, a la
Asamblea Legislativa para dar explicaciones sobre la política arancelaria, y cómo
su empresa resultaba beneficiada. Entre sus argumentos mencionó que la cláusula
que favorece a sus empresas se aprobó antes que él aceptara el cargo y que las
salvaguardas son aprobadas por el Consejo de Ministros de Integración Económica
(COMIECO). Sin embargo, no dijo nada de su intervención en cinco ocasiones
solicitando la prórroga de la salvaguarda que exonera a sus empresas del pago
de impuestos o por qué El Salvador es el único país en la región que no cobra
aranceles por la importación de materia prima para la fabricación de baterías.
Los diputados no fueron capaces de rebatir los argumentos de Lacayo.

MARZO 2001

TÍTULOS FALSOS EN JUECES Y ABOGADOS


En marzo de 2001, el Fiscal General, Belisario Artiga, sorpresivamente usó -por
primera vez en 50 años- la figura de un fiscal especial, asignándola al abogado
Roberto Vidales, a quien le encomendó hacer una investigación amplia en relación
a las denuncias de irregularidades en los títulos de abogados.

Los resultados fueron escalofriantes: Vidales detectó 2 mil 800 títulos
sospechosos, pero durante el tiempo que duró su mandato solo pudo investigar
819. De estos, 169 títulos eran falsos o habían sido obtenidos irregularmente,
y entre sus portadores se encontraban 14 jueces de primera instancia, 56 jueces
de paz, 7 jueces suplentes y 12 fiscales.

Las Américas, Salvadoreña, Dr. Luis Escamilla, Nueva San Salvador, Militar y
Andrés Bello son algunas de las universidades (varias ya cerradas) donde estos
2 mil 800 abogados se graduaron. Hasta la fecha las autoridades de estas
universidades no han sido procesadas, ni se ha investigado si efectivamente había
vínculos entre estas y ex-magistrados de la CSJ, a través de los cuáles se habría
logrado que la CSJ reconociera a sus graduados como abogados y que hasta los
contratara como jueces.

El caso de los falsos abogados aún sigue en el limbo. Aunque la CSJ argumenta
que continúa con las investigaciones, lo cierto es que de los 169 abogados que
fueron señalados por Vidales, ninguno ha sido condenado y casi todos continúan
ejerciendo la profesión. Por ejemplo, a inicios de marzo 2002, una abogada fue
exonerada porque según el tribunal, la acción penal habría prescrito. Cerca de
la mitad de los jueces del país han sido cuestionados por está causa, y la
justicia sigue estando en sus manos.

MARZO DE 2001

CONTRABANDO EN MUNICIONES DE ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA


Talleres Moldtrok, una empresa vinculada con el terrorista Luis Posada
Carriles, ganó una licitación de proporcionar municiones a la Academia Nacional
de Seguridad Pública (ANSP), a pesar de que no contaba con licencia para
importar armas ni municiones. A inicios de marzo se conoció que la empresa
introdujo al país de contrabando un cargamento de municiones, del cual una parte
era para la ANSP.

En marzo 2001 el entonces ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand
Galindo, afirmó que desde noviembre 2000 el Presidente de la República,
Francisco Flores, había ordenado abrir una investigación sobre Posada Carriles,
pero se negó a dar más información. Se esperaba que dichas investigaciones
fueran sobre las actividades terroristas y vínculos de Posada Carriles en El
Salvador; sin embargo las mismas solo se limitaron a determinar la forma en que
él obtuvo documentos de identidad salvadoreños.

En mayo 2001, un fallo judicial resultó en el sobreseimiento definitivo contra
los nueve imputados en el caso de Talleres Moldtrock, incluyendo a 4 de la
ANSP. En julio, se conoció que tres funcionarios de la ANSP fueron destituidos
de su cargo por su involucramiento en este caso. Antes de que la destitución
tuviera efecto, Henry Paúl Fino (asesor legal) y Yolanda Margarita Canales
(jefe de adquisiciones) interpusieron su renuncia.

En otro caso relacionado con la ANSP, en mayo se conoció de un faltante de
munición valorado en 135 mil 437 colones, del cual supuestamente serían
responsables seis personas, entre empleados y ex-empleados. Como reportó en
mayo La Prensa Gráfica, el faltante consiste en «cinco mil 607 ojivas para
pistola 9 mm, 67 libras de pólvora de combustión rápida, 26 mil 30 fulminantes
de distintos calibres, 19.58 libras de pólvora y 120 mil 354 vainillas para revólver
calibre 38 especial». Con los antecedentes de vínculos entre algunos
miembros de la fuerza policial y delincuentes, se sospecha que las municiones
sustraídas hayan parado en manos de estos últimos.

ABRIL DE 2001

BFA: EL HOYO FINANCIERO EN EL INGENIO EL CARMEN


El Banco de Fomento Agropecuario es una institución financiera administrada por
el Gobierno, los casos de corrupción en que se ha visto involucrado surgen de
asociaciones ilícitas entre sus funcionarios con empresarios, como los
propietarios del Ingenio El Carmen y otros.

El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) dio un préstamo de 96 millones de colones
al Ingenio Azucarero El Carmen a finales de 1994. En agosto 1998 el BFA promovió
un juicio mercantil por 45.9 millones de colones en capital, más intereses y
costas procesales, contra el Ingenio El Carmen, por el incumplimiento en la
amortización del crédito. Antes de recuperar esa deuda, el BFA otorgó nuevos créditos
al Ingenio por 38.1 millones de colones. Finalmente los propietarios entregaron
en pago el Ingenio al BFA, con un valor sobre-estimado de 59 millones (el valor
real era de 18 millones de colones).

En 1998 el BFA vendió el Ingenio a la Administradora El Carmen, que está
integrada por INCAÑA y Granja Los Patos. Los principales socios de esta última
empresa, que fue registrada tres días antes de la transacción, son Enrique Rais
y Héctor Cristiani, este último primo del ex-presidente de la República,
Alfredo Cristiani. Rais y Cristiani únicamente le pagaron al BFA 5 millones de
colones de abono, por los otros 54 millones que completaban el valor de la
compra-venta el mismo BFA les concedió un crédito. Un informe de auditoría
interna del BFA reveló que los 5 millones para la compra del Ingenio y 3
millones para la constitución de la Granja Los Patos también eran fondos
provenientes de préstamos con el BFA.

Se estima que la fecha el monto de la defraudación supera los 11 millones de dólares.
En abril 2001 fueron del conocimiento público hallazgos relacionados a este
caso, identificados en auditoría realizada por la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF) al BFA, en la cual se señala entre otros aspectos que:

  La deuda acumulada del ingenio El Carmen con el BFA, desde 1995 hasta
el 10 de mayo 2000, ascendía a 92 millones 499 mil 400 colones. Además el BFA
concedió otros 10 millones 983 mil 800 colones a empresas y personas vinculadas
con el ingenio: Procemi, José Enrique Rais y Swiss Biochemical, entre otras.

  La junta de directores del BFA, ignorando un oferta de 60 millones de
colones hecha por el ingenio Chanmico, aprobó vender el ingenio El Carmen a las
sociedades INCAÑA y Granja Los Patos por un monto de 59 millones de colones.

  El ingenio El Carmen poseía a diciembre 1998 un déficit acumulado de
47.7 millones de colones, por lo que ya no podía cumplir con sus obligaciones
crediticias.

  El ingenio El Carmen, con la misma garantía que estaba a favor del BFA
obtuvo otros créditos del Banco Promérica.

El 22 de noviembre 2001, después 19 meses de investigaciones, la Fiscalía ordenó
la detención administrativa contra García Prieto; los interventores del BFA,
Ricardo Edgardo Rivera Villalta y Raúl Esteban Castellón Lemus; el director
ejecutivo del Ingenio El Carmen, Enrique Rais; el ex gerente financiero de
dicho Ingenio, Luis Omar Cruz Guevara; y la contadora, Ruth Elizabeth Salazar
Campos y Héctor Cristini. La fiscalía no pudo demostrar delito y todos salieron
libres.

Las últimas publicaciones de La Prensa Gráfica (6 enero 2004) se presume que se
perdieron más de 300 millones de colones solo en los créditos para la compra y
venta del ingenio el Carmen. El dinero es irrecuperable.

MAYO 2001

ROBO DE 11, 428 SACOS DE ABONO DONADO POR JAPÓN


El cargamento de abono entró al país en diciembre de 2000. Fue hasta el 30 de
marzo de 2001 que descubrieron el faltante. El 1 de abril interpusieron la
denuncia. La pérdida fue de 11, 428 sacos de abono donados por el gobierno de
Japón para los campesinos. No se constató si los sacos entraron en las bodegas
del Banco de Fomento Agropecuario o fueron robados en el camino.

La Asamblea Legislativa realizó una investigación al respecto y atribuyó buena parte
del acaparamiento y «fraude orquestado», como le llaman en un
documento de 12 páginas, a la firma UNIFERSA, una de las principales compañías
importadoras y comercializadoras de fertilizantes del país.

Según las investigaciones de los legisladores, empresas relacionadas con
UNIFERSA compraron un tercio de la donación japonesa (5.050 toneladas métricas).
Pagaron por ese producto cuatro millones cuarenta mil colones, un precio menor
al del mercado.

El director ejecutivo de UNIFERSA es Ricardo Montenegro. Fue ministro de
Hacienda en los primeros meses de la administración de Calderón Sol, hasta que
fue obligado a renunciar por haber favorecido a otra de sus empresas, SERTESA,
para ganar la adjudicación de otra donación japonesa. En esa época, la ex-ministra
de planificación Mirna Liévano de Marques declaró a la Fiscalía que la
adjudicación se le otorgó a SERTESA por la presión de la Asociación de Nacional
de Proveedores Agrícolas (ANPA) y de la Asociación de la Empresa Privada
(ANEP).

En la investigación realizada por los legisladores encontraron que el
Ministerio de Agricultura licitó, el 4 de abril de 2001, la compra de 32 mil
sacos de sulfato de amonio para distribuir paquetes agrícolas entre los
agricultores. Como resultado de eso, se contrató la compra de 33.100 sacos de fórmula
16-20-0 de 90 kilogramos a la empresa PROAGRO, 32.000 sacos de sulfato de
amonio a UNIFERSA y 16.200 bolsas de clorpiritos. Pagó por todo eso 9.8
millones de colones. El sulfato de amonio costó al gobierno cuatro millones de
colones. Los diputados se preguntaron: ¿por qué el gobierno salvadoreño tuvo
que gastar cuatro millones de colones en adquirir sulfato de amonio, comprado a
UNIFERSA, si contaba con existencias de un donativo de tal producto en las
bodegas del BFA?». Hasta hoy lo único que se sabe es que metieron presa
una secretaria, que luego la dejaron libre y no ha habido justicia.

JUNIO DE 2001

SERTRACEN Y RICARDO CAVALLO


El gobierno salvadoreño no ha mostrado interés en investigar los nexos en el país
del ex-militar argentino Ricardo Cavallo, detenido en México en agosto/2000
bajo cargos de genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura militar
argentina (1976-1983). Cavallo es socio de la empresa argentina Talsud, que a
su vez era socia de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN), la
empresa que está encargada en El Salvador del registro vehicular, la emisión de
licencias de conducir y la distribución de placas. SERTRACEN también fue una de
las dos empresas calificadas en la apertura de ofertas económicas para manejar
el registro de armas en el año 2000. Cavallo es hermano del gerente general de
SERTRACEN, Óscar Eduardo Cavallo.

En México, después de la captura de Cavallo, el gobierno intervino la empresa
que este administraba, el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), y fueron
requisados sus registros y derechos – según reportó el semanario Proceso – con
el propósito de «resguardar la seguridad de vehículos, usuarios e
información confidencial ante los malos manejos administrativos
detectados». El secretario de Economía de México, Ernesto Derbez, confirmó
que el registro de vehículos pasaría nuevamente bajo control y administración
del Estado y declaró que: «No permitiremos que el involucramiento de un
criminal internacional, como Ricardo Miguel Cavallo, se repita jamás dentro de
un organismo con información propiedad de los mexicanos».

A inicios de junio 2001, diputados de oposición en la Asamblea Legislativa
acordaron investigar los contratos o convenios a través de los cuales el
gobierno salvadoreño otorgó a SERTRACEN el registro de vehículos y de licencias
de conducir. Aunque anteriormente la Asamblea Legislativa le había pedido al Órgano
Ejecutivo que le enviara los contratos o convenios con SERTRACEN, está petición
había sido desatendida. Por su lado, el FMLN solicitó al ministro de Hacienda,
Juan José Daboub, que informara a la Asamblea Legislativa sobre los criterios
que su utilizaron para otorgar a SERTRACEN la prestación el servicio de cobro
de las nuevas placas de vehículos. Hasta la fecha no hay ningún resultado de
estas investigaciones.

Ese mismo mes, el vicepresidente de SERTRACEN, Roberto Siegrist, anunció que en
diciembre 2000 Talsud transfirió sus acciones a otros inversionistas y rompió
su vínculo con SERTRACEN. En ese momento, según el de comercio, los directivos
de SERTRACEN eran: Juan José Borja Papini, presidente; Roberto Armando
Siegrist, vicepresidente-secretario; José Ernesto Borja Papini, director;
suplentes: Francisco Manuel Borja Rodríguez; Arturo Argüello Oertel; Julia Margarita
Borja de González y Graciela Lucía Diego de Siegrist.

Aunque otros países han realizado investigaciones de los negocios de Cavallo,
aquí en El Salvador se muestra poca voluntad de aclarar cómo SERTRACEN ganó las
licitaciones para implementar los registros de tránsito, quiénes participaron
en el comité que seleccionó a esta empresa y cuáles son sus vínculos con
personalidades salvadoreñas.

JUNIO DE 2001

CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS


La Prensa Gráfica, tomando datos comprendidos entre los años 1998 y 2001,
reportó en junio 2001 que en El Salvador, la construcción de un kilómetro de
carretera cuesta en promedio 5 millones 400 mil colones. Un caso extremo es el
de la carretera La Cuchilla-Sonsonate-Acajutla, cuyo costo por kilómetro fue de
8 millones de colones. En contraste, el costo en Guatemala es de 2 millones 800
mil colones y en Honduras 2 millones 600 mil colones. Por su parte, las
autoridades del MOP declararon que los costos son similares a los de otros países
de Centroamérica.

El mecanismo que sirve para incrementar sustancialmente el costo de las obras públicas
son «las ordenes de cambio», a través de las cuales los contratistas
renegocian los términos y su valor. A manera de ejemplo La Prensa Gráfica
detalló las órdenes de cambio que había tenido el proyecto de la carretera La
Libertad-Acajutla, cuyo costo inicial era de 157 millones de colones. A través
de 5 órdenes de cambio su costo se elevó en 57 millones 46 mil colones. Además
el Estado pagó 43 millones de colones más, después de perder dos arbitrios con
la constructora.

Según los informes recabados por La Prensa Gráfica, en la década pasada se
invirtieron en la construcción y rehabilitación de carreteras 2 mil 146
millones de colones. Lo grave es que la mayoría estas obras presentan un
«severo deterioro». El viceministro de MOP, Mauricio Duque, declaró
que la vida óptima de una carretera, con el mantenimiento adecuado, debe ser de
20 años. A juicio del jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos de Obras Públicas
(UCP-MOP), René Gómez, las causas del deterioro en las carreteras pueden ser
«un mal estudio sobre proyección de tráfico vehicular, un diseño
inapropiado, deficiente calidad de los materiales, incrementos de tráfico no
previstos e incluso limitaciones presupuestarias». No se sabe si el MOP
establece responsabilidades, y de que tipo, cuando estas causas son atribuibles
a la negligencia o irregularidades en el cumplimiento de los contratos de los
diseñadores, constructores y supervisores de las obras.

ENERO DE 2002

PÉRDIDA DE 1,400 MILLONES DE COLONES POR CONTRATOS CON LAS FIRMAS COASTAL Y
DUKE ENERGY


A inicios del año 2002 salió a la luz pública que la gubernamental Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que controla cerca del 70% de la
generación de energía eléctrica del país, había perdido más de mil 400 millones
de colones por haber suscrito contratos sobrevalorados con las firmas Coastal y
Duke Energy. Estos contratos nunca fueron hechos públicos por las autoridades
de CEL, argumentando que contenían una cláusula de confidencialidad que sólo
podía ser superada con el consentimiento de ambos suscriptores. Como resultado,
la energía eléctrica que se vende en El Salvador tiene, por ejemplo, el doble
del costo a la que se vende en el vecino país de Honduras, según declaró un
representante de las empresas distribuidoras de dicha servicio. El ejemplo de
la CEL demuestra que la opacidad, es decir el ocultamiento de la información y
la falta de rendición de cuentas, no solo es una cuestión de restricción
informativa sino, y principalmente, un asunto que produce graves daños económicos
al país.

MAYO 2002

ANOMALÍAS EN CONTRATOS DE PUBLICIDAD EN ASAMBLEA


Salió a relucir el contrato que la Directiva de la Asamblea firmó con la
empresa publicitaria Origen, cuya dueña es esposa del jefe del equipo técnico
legislativo, Alejandro Solano. El Vicepresidente de la Asamblea Walter Araujo,
afirmó que no se había violado la ley de Licitaciones, en tanto Solano no sería
«un funcionario de elección popular», sino un empleado. Sin embargo,
la explicación de Araujo no convenció, pues Solano, no es un simple empleado,
sino un funcionario técnico de alto nivel. El contrato con la empresa era de más
de un millón de colones. La Directiva de la Asamblea se desentendió de la situación
y el caso fue archivado.

MAYO 2002

UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE ASAMBLEA PARA FINES PERSONALES


La Prensa Gráfica reveló que el vicepresidente de la Asamblea y diputado de
ARENA, Julio Gamero, destinó a uno de los empleados de ese Órgano del Estado
para trabajar en una propiedad suya ubicada en el departamento de La Libertad.
El diputado aceptó los hechos esgrimiendo que el empleado trabajaba en labores
de vigilancia. Además se escudó señalando que otros legisladores hacían lo
mismo, incluyendo al mismo presidente de la Asamblea. Al final fue archivado el
caso.

JULIO 2002

INTOXICACIÓN MASIVA EN MAQUILAS DE OLOCUILTA


Al menos 260 trabajadoras de la maquila Hoon`s Apareal Internacional, en
Olocuilta, resultaron con síntomas de intoxicación al verse expuestas a un
derrame de líquidos utilizados como desinfectantes. Aunque las trabajadoras
manifestaron sentir irregularidades desde las 7 de la mañana, la evacuación de
las instalaciones no se realizó sino hasta cerca de las 2 de la tarde. El 8 de
julio una nueva intoxicación tuvo lugar en tres fábricas de maquila ubicadas en
la misma localidad. Ante los hechos Juan Mateo LLort, del Comité de Emergencia
Nacional, manifestó que solo se trataba de «histeria colectiva»,
restando importancia a los hechos. La Asociación Salvadoreña de la Confección
(ASIC) se adhirió a la hipótesis del sabotaje expresada por la policía y
secundada por el ministro de trabajo, Jorge Nieto.

La fiscalía determinó que hubo intoxicación poniendo de manifiesto la
irresponsabilidad de algunos funcionarios gubernamentales. Pero a las empresas
no se les sancionó.

DICIEMBRE DE 2002

LICITACIÓN IRREGULAR A EMPRESA DE MINISTRO DE GOBERNACIÓN


PROBIDAD denunció una licitación irregular para la compra de uniformes
policiales, en la que se favorecería con sobreprecios por cerca de 500 mil dólares
a una empresa de la que había sido directivo el ministro de Gobernación,
Conrado López Andreu.

FEBRERO 2003

MINISTRO INVOLUCRADO EN ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS EN ISSS


Miembros de la comisión tripartita de médicos aseguraron tener pruebas que
involucran al ministro de salud, José López Beltrán, al ministro de trabajo,
Jorge Nieto, y al subdirector del ISSS, Emilio Velasco, en actos de corrupción
cometidos en diversas épocas. López Beltrán habría negociado con el ISSS la
adjudicación de un contrato por 634 mil 840 dólares para la atención oftalmológica
de sus derechohabientes a la empresa SERME. López Beltrán aceptó que además de
ser accionista es secretario de la junta directiva de la referida empresa. Con
tales acciones, el ministro habría violado la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración pública que prohíbe a funcionarios públicos
y municipales -y parientes hasta de un segundo grado- ser sujetos de licitación
con el estado. El día 20, el presidente Francisco Flores salió en defensa de su
ministro y aseguró que este actuó apegado a la ley.

MAYO 2003

VENTA DE INFORMACIÓN PRIVADA DE SALVADOREÑOS A AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES


El Diario de Hoy reveló a la población la venta de información privada de miles
de salvadoreños fuera de las fronteras. A cambio de unos dólares infornet.com
ofrecía posibilidad de tener acceso a fichas con datos de cualquier persona. La
empresa infornet.com había sacado datos del padrón electoral de Nicaragua,
Guatemala Honduras y El Salvador para enviárselos a una empresa estadounidense
mayor, Choice Point, con sede en la ciudad de Atlanta. La empresa Choice Point
admitió sin mayores reparos que su información ha servido tanto para empresas
destacadas como para el mismo gobierno estadounidense. Con este escándalo quedó
en evidencia que el Gobierno no protege a sus ciudadanos. Por último, no se ha
investigado quien vendió la información.

MAYO A SEPTIEMBRE 2003

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN ANDA


Una investigación periodística de la Prensa Gráfica con fecha 12 de mayo de
2003 pone al descubierto anomalías en el proyecto de agua potable más
importante del Gobierno que tenía un financiamiento de 30 millones de dólares.
De estos más de seis millones de dólares fueron sustraídos por medio de
licitaciones irregulares.

En mayo del 2002, el Presidente Flores Pérez y el ex-presidente de ANDA el
Ingeniero Carlos Augusto Perla, el ex gerente general Lic. Mario Orellana, el
ex-gerente financiero Ing. Gustavo Crespín y el ex gerente de producción Carlos
Herrera, inauguraron el Proyecto: Ampliación y Mejoras de Planta de Tratamiento
Sistema Río Lempa conocido como Río Lempa II, a un costo de 30 Millones de Dólares,
que se suponía resolvería el problema de abastecimiento de agua en el gran San
Salvador. Pero todo esto resultó ser falso, la obra hasta este día no ha
concluido y el tan ansiado líquido todavía no llega normalmente a todos los
municipios de San Salvador. Al contrario este hecho permitió abrir la cloaca de
ANDA, donde se ha encontrado todo tipo de corrupción y robo. Comenzando porque
el proyecto de Rió Lempa II, fue licitado antes que la Asamblea aprobara el préstamo
de financiamiento, lo cual es una grave violación a la ley; de la misma forma
dieron como ganadora a la empresa que ofertó con un precio más alto, con la
cual los ex funcionarios de ANDA tenían componendas y se emitieron documentos
para que las empresas contratadas UTE (Unión Temporal de Empresas de origen
Español) cobrarán el valor total de la obra sin haberla concluido (cobraron en
febrero del 2002). Además, emitieron en mayo del 2002, acta de recepción final
de la obra lo que constituye el delito de falsedad material.

En conclusión, la corrupción en ANDA han obligado a la Fiscalía y Corte de
Cuentas ha profundizar la investigación, y Carlos Perla ex presidente de ANDA
como los otros ex funcionarios ha huido del país lo que reafirma su
culpabilidad, no se presentaron al llamado de la Fiscalía ni de la Asamblea
Legislativa. Los responsables de hacer justicia les dieron la oportunidad de
huir del país.

SEPTIEMBRE 2003

ANOMALÍAS EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL: PLAN DE CONTINGENCIA Y
LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE EL PLAN SON ILEGALES


La Corte de Cuentas afirmó que «el plan de contingencia implementado por
el ISSS es ilegal». Geysi Guardado de Martínez, subdirectora de auditoría
del Sector Social y Medio Ambiente, presentó los argumentos y observaciones.
Entre ellas están:

  El Consejo Directivo del Seguro, por mayoría de votos, acordó el 12 de
agosto de 2002 declarar en estado de emergencia todas las instalaciones del
ISSS y centros de atención. Aún no había iniciado la huelga. Basándose en esta
decisión, se autorizó que, mientras durara el estado de emergencia, la Dirección
General del Seguro estaba «autorizada para erogar las cantidades
necesarias y adoptar las acciones pertinentes para la contratación de servicios
privados y otras alternativas».

  Para los auditores, la razón de la ilegalidad es que, al revisar los
artículos de la Constitución y de la Ley del ISSS, «en ninguno de éstos se
contempla la facultad del Consejo Directivo para declarar Estado de Emergencia,
ya que ésta es atribución expresa de la Asamblea Legislativa o del Órgano
Ejecutivo (Art. 29, de la Constitución)».

  En un principio el plan se aplicaría sólo tres meses con un monto de
$5, 858,424 y los costos reales ascendieron a $9, 462,514.

  Se señala que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública indica que el procedimiento de contratación directa (lo
que ocurrió en el Plan de Contingencia) sólo podrá acordarse al tratarse de una
emergencia proveniente de «guerra, calamidad pública y grave perturbación
del orden». Y ninguna de estas situaciones estaban dadas para decretar la
contingencia y dar los contratos sin licitación a la empresa privada.

3. Conclusión

Después de este largo recorrido -fuera más largo si tuviéramos acceso a todos
los casos de corrupción- queda una sensación a podredumbre y que las promesas
de combatir la corrupción son totalmente falsas. De esta situación de corrupción
generalizada, pues casi todas las dependencias gubernamentales están
involucradas en actos de corrupción, la derecha y el partido en Gobierno sacan
provecho, no solo por el enriquecimiento ilícito de algunos de sus miembros,
sino porque argumentan que el Estado es ineficaz, ineficiente y corrupto.
Proponiendo que la mejor opción es la empresa privada, la cual debería manejar
todos los servicios que el Estado presta. Los argumentos de la derecha y sus
deducciones son una falacia. Pues el Estado no es ineficaz, ineficiente, ni
corrupto, sino quienes lo administran, en este caso el partido que está en el
poder, hoy Arena. Al cual la población debería de darle los calificativos que
la misma derecha da al Estado. Por otro lado olvidan que muchos de los actos de
corrupción que se comenten en el gobierno son en compadrazgo con la empresa
privada.