Solamente el 25.7 % dijo haber usado la criptomoneda, de acuerdo a la consulta realizada del 7 al 17 de diciembre de 2021 a 1,298 personas, y que presenta un error muestral de 2.72 % con un nivel de confianza del 95 %. El bitcóin es una criptomoneda de curso legal en El Salvador desde el 7 de septiembre del año recién pasado. Su ley fue aprobada el 8 de junio por diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, a pesar de la impopularidad de la medida.
Asimismo, más de la mitad de la población (56.6 %) ha obtenido la billetera virtual Chivo, pero la mitad de esta (55.1 %) la usó únicamente en una ocasión para cobrar los $30.00 entregados por el Gobierno que pretendía con ese bono incentivar el uso de bitcóin. De quienes han descargado la billetera virtual Chivo, un 36.3 % la usa con diferente frecuencia, ya sea diariamente, dos o tres veces por semana, o una vez al mes. Es decir, que el porcentaje de usuarios permanentes diarios es muy bajo.
En la consulta, el Iudop preguntó a la persona encuestada si alguna vez pasaron por su casa de forma intimidatoria para decirle que descargara la billetera Chivo y obligarle a transferir sus 30 dólares, a lo que un 2.3 % respondió afirmativamente. Según el estudio, la mayoría de habitantes tienen desconfianza a esta nueva moneda. Solo 14 % de salvadoreños dicen tener mucha confianza en el bitcóin, que sumado a quienes expresan tener alguna confianza, suman 27.3 %. Por otra parte, las personas que le tienen ninguna (34.8 %) o poca confianza (35.3 %) totalizan 70.1 %. A pesar de la desconfianza, la población que está a favor de la derogación de la ley bitcóin disminuyó de 66.7 % al 48.5 %. Sin embargo, el 97.5 % aclaró que su uso debería ser voluntario.
En cuanto a quién se beneficia con la criptomoneda, según la población, los principales beneficiados son los ricos (25.6 %), el Gobierno (20.5 %) o los inversionistas extranjeros (19 %), y solamente 10.9 % sostiene que la población en general será beneficiada. Añadido a esto, un 61.2 % dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión del Gobierno de gastar dinero público para promover o impulsar el uso del bitcoin en El Salvador.