Los sindicatos tomaron el pasado jueves el tramo de la Diagonal Universitaria que conduce al Centro de Gobierno y llegaron a las inmediaciones de la Asamblea Legislativa para defender el derecho humano a la gestión pública del agua. El Frente Sindical Salvadoreño coordinó la marcha hasta la sede parlamentaria, donde sesionaba la plenaria semanal sin figuras prominentes del derechista partido ARENA, cuya ausencia generó suspicacias. Aun así, los manifestantes exigieron la aprobación del anteproyecto de la Ley General de Aguas, presentado por los movimientos sociales y largamente postergado por la derecha parlamentaria, con la intención de archivarlo. 

“El agua no se vende, se cuida y se defiende” fue la consigna que movió a los cientos de salvadoreños que salieron del parque Cuzcatlán para impedir que la oligarquía convierta un valioso derecho en mercancía. Varios participantes confirmaron a Prensa Latina el reclamo de conseguir la aprobación de la ley consensuada por diversos sectores de la sociedad, que defiende el carácter público de este bien. 

“Los privados solo utilizarán el agua para satisfacer sus intereses, otorgándole el acceso solo a las empresas y no a la población”, afirmó el dirigente sindical Wilfredo Berríos. 

Mientras, ARENA jura y perjura que no privatizará el agua, pero en la práctica concederá su administración a una junta directiva dominada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la propia formación oligárquica. Hace un par de semanas diversos sectores de la sociedad civil se manifiestan contra esta maniobra, y algunos fueron violentamente reprimidos por órdenes areneras, como los estudiantes de la Universidad de El Salvador. 

A su vez, cientos de salvadoreños marcharon desde el capitalino redondel Italia hasta la sede de la ANEP, en defensa del derecho humano al agua, su gestión pública y sostenible, amenazada por la derecha parlamentaria. 

“A más privatización más lucha”, advirtieron los participantes en esa manifestación, impulsada por organizaciones populares con el apoyo de sectores académicos, religiosos y de la izquierda salvadoreña. 

De hecho, la diputada Dina Argueta ratificó que el grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional votará en contra de todo proyecto para privatizar la administración del agua. Aseguró que la derecha, encabezada por Arena, le teme a la reacción de un pueblo que se organiza en defensa de sus derechos y sus recursos más vitales, como el agua. 

Asimismo, varias comunidades del Bajo Lempa protestaron sobre el Puente de Oro, carretera El Litoral, contra la creación de una junta dominada por la empresa privada para administrar los recursos hídricos. Del clamor nacional nació la Alianza contra la Privatización del Agua, que a mediados de semana marchó contra la sede de ARENA, instrumento de la ANEP para convertir en mercancía este derecho humano. 

La Ley Integral de Aguas impulsada por la derecha dispone que la toma de decisiones recaiga en una junta integrada por dos representantes de la ANEP, dos de una gremial dominada por ARENA, y uno nombrado por el Ejecutivo. 

Los manifestantes advirtieron que proseguirán su lucha hasta que ARENA desista de su proyecto privatizador.