Por Baneste
El recién pasado miércoles 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la República de El Salvador anuló la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que por veintitrés años ha obstruido la aplicación de justicia relativa a los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Aunque tarde, lo verdaderamente interesante de dicha resolución es la derivación de que todos los casos pueden ser llevados a juicio ya que no aplicaría el concepto de imprescriptibles.
Claro está que los implicados en hechos considerados como crímenes de lesa humanidad han tenido cerca de veinticinco años para destruir, desaparecer o amañar la evidencia necesaria para poder ser incriminados, o buscar otras formas de “protegerse”, como el caso del militar Mauricio Vargas, que de manera desesperada buscó y logró una diputación para proveerse de inmunidad; o la súbita “confiscación” de los valiosos archivos de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador por parte de Monseñor José Luís Escobar Alas.
Entre los casos que podrían llevarse a juicio, están:
– El asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
– La masacre de los religiosos jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, y su empleada doméstica.
– El vil asesinato del poeta y escritor Roque Dalton.
– La masacre de El Mozote, departamento de Morazán.
– La masacre del Sumpul, departamento de Chalatenango.
– Las matanzas de Mayo Sibrián, aprobadas por altos mandos de las FPL, Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí”.
– Muchos otros.
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