En El Salvador existe un gobierno que fue electo por una considerable mayoría de votantes que participaron en los comicios presidenciales de 2019; es decir, por la mayor parte de la ciudadanía todavía interesada en los procesos electorales que no se ha visto afectada por la antipatía o escepticismo que han ido cultivando los actores políticos de la llamada «democracia representativa», que en este caso se tradujo al 51.88%, cifra que representa un descenso de 3.4% en relación al evento electoral anterior del mismo tipo en 2014. El gobierno está encabezado por el empresario de ascendencia árabe Nayib Bukele, quien cuenta con el respaldo incondicional de su partido Nuevas Ideas, con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa desde 2021, y con el acompañamiento aparentemente incondicional de varios partidos minoritarios con representación en ese órgano del Estado, excepto ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, que en conjunto representan una tibia e inconsecuente oposición de corte derechista a las tendencias que califican de totalitarias y dictatoriales del gobierno y sus aliados.

Aunque no se vislumbra una estrategia bien definida por parte de la oposición, sí es posible entrever que coinciden en los señalamientos y demandas contra el aparato gubernamental, sobre todo en lo referente a las presuntas violaciones a los derechos humanos; la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos; la evidente hostilidad hacia los medios de comunicación críticos de la gestión gubernamental; la toma del control de las principales instituciones de poder del Estado sin seguir el debido proceso; el creciente endeudamiento sin precedentes en la historia nacional; la corrupción; la legalización de Bitcóin como moneda nacional; el irrespeto a la Constitución Política, y la intención declarada y avalada de la reelección presidencial de Nayib Bukele. En todos estos puntos, los partidos políticos y otros grupos de oposición coinciden plenamente con el gobierno actual de Estados Unidos, cuyos señalamientos a su par salvadoreño han sido constantes en lo que se refiere a esos temas, a tal grado que varios funcionarios han sido incluidos en una lista de personajes señalados de haber cometido actos ilícitos; por esta razón, el movimiento opositor en El Salvador podría considerarse que está trabajando en provecho de lo que se ha denominado con el término inglés «establishment», que designa a las élites globalistas que impusieron el neoliberalismo y la guerra sin final en gran parte del mundo para favorecer el capitalismo voraz.

Pese a que el gobierno de Nayib Bukele parece haber desistido (al menos por ahora) de su proyecto de reforma de la Constitución Política, cuya principal finalidad era la inclusión de un artículo que permitiera la reelección presidencial, al haber encontrado una fórmula más expedita con la interpretación audaz de un artículo ya existente, los opositores continúan arguyendo sobre la ilegalidad de dicho proyecto y el carácter «pétreo» de los artículos constitucionales que estarían imposibilitando que el actual presidente pueda reelegirse. Es notorio en este aspecto que la oposición ha escogido una bandera de lucha que busca movilizar a algunos sectores de la población que todavía puedan conceder alguna importancia al ceñimiento o no, por parte del gobierno, a los parámetros constitucionales, si se tiene en cuenta que la Constitución vigente fue elaborada en el marco de un conflicto armado por una Asamblea Constituyente encabezada por un político de nefasta trayectoria, señalado de muchos crímenes, por lo que solamente contó con el consenso de los grupos que conforman el abanico de fuerzas de la derecha retrógrada, y que excluyó a los sectores populares y de izquierda real.

Ahora bien, en el mundo se reconocen dos tipos de constituciones: flexibles e inflexibles, siendo de estas los más destacados ejemplos la del Reino Unido y la de los Estados Unidos, respectivamente. El que sean tipificadas como flexibles o inflexibles se refiere a la facilidad o dificultad que por sí mismas determinan para su posible reforma o sustitución; pero incluso la Constitución de los Estados Unidos, que puede ser considerada la más difícil de modificar, ha tenido 33 proposiciones de Enmiendas, y en 27 ocasiones estas han sido aprobadas, incluyendo una que revocó una reforma previa. Las constituciones, sean flexibles o inflexibles, son simplemente un marco jurídico elemental que legitima el ejercicio del gobierno de una nación y proveen los parámetros de donde se deriva toda la legislación del Estado en las diferentes esferas de la actividad ciudadana. En ninguna parte se ha definido mejor lo que es una Constitución que en el diccionario filosófico de la extinta Unión Soviética, desde una perspectiva de clase:

Constitución. La ley fundamental de un Estado, que tiene la mayor fuerza legal y establece los principios básicos de los sistemas políticos, legales y económicos de un país determinado. Una Constitución refleja la correlación de las fuerzas de clase en el momento de su adopción. Consolida la dictadura de la clase dominante, la forma de gobierno, la estructura del estado, el procedimiento organizacional y la jurisdicción de los organismos y la administración del gobierno central y local, el estado legal del individuo, la organización y los principios fundamentales de la justicia, y el sistema electoral.

En cuanto a su forma, las constituciones generalmente se clasifican como escritas o no escritas. En la abrumadora mayoría de los países, las constituciones escritas consisten en una sola acta. Sin embargo, pueden estar compuestas por un cuerpo de actas constitucionales u orgánicas. (Este es el caso en Suecia, España y Finlandia). Las constituciones no escritas, que están en vigor en Gran Bretaña y Nueva Zelanda, consisten en una gran cantidad de leyes, costumbres constitucionales y precedentes. El derecho a adoptar una Constitución (la autoridad constituyente) se otorga a una Asamblea Constituyente (por ejemplo, en Italia y la India), al electorado mediante un referéndum (por ejemplo, en Francia y Turquía), o al jefe del Estado (por ejemplo, en Irán y Afganistán). Como regla general, el procedimiento para hacer cambios y enmiendas se establece en la Constitución. (El procedimiento para enmendar una Constitución es más complicado que el procedimiento para la adopción de leyes ordinarias).

Las constituciones de la mayoría de los estados burgueses contemporáneos proclaman una serie de derechos democráticos y libertades para los ciudadanos. Así, como resultado de la profundización de la lucha de clases en el siglo XX, la mayoría de las constituciones burguesas llegaron a incluir disposiciones sobre el sufragio universal, el derecho a formar partidos políticos y el derecho a la huelga, por ejemplo. La creación del sistema socialista mundial, que, para los trabajadores de los países capitalistas, sirvió como un ejemplo de la realización de los derechos de los ciudadanos, influyó en gran medida en la ampliación de los derechos constitucionales y las libertades.

Sin embargo, las constituciones de los estados burgueses simplemente proclaman los derechos y libertades civiles democráticos y no contienen garantías reales de su implementación. En estos países, las constituciones son un instrumento de la dictadura de la clase dominante, que hace ciertas concesiones pero que, en la práctica, encuentra formas de evadir las normas constitucionales y violar la legalidad que ha creado. Por ejemplo, las disposiciones establecidas de la Constitución pueden ser violadas por la actividad legislativa del gobierno, que a menudo es contraria a la Constitución y que reduce los derechos legislativos del Parlamento electo.

Al tener presente esta definición (resumida), es fácil comprender cómo —pese a contener una aparente prohibición— la ambigüedad de la Constitución Política de El Salvador referente a la reelección presidencial, le ha permitido a la Sala de lo Constitucional (designada por el gobierno) emitir una interpretación que allanó el camino para que Nayib Bukele pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo dentro de un marco de legalidad debidamente justificado argumentativamente de cara a los opositores. En el pasado esta maniobra ya ha sido realizada más de una vez, aunque entonces se recurrió a la aprobación de una nueva Constitución, como fue el caso para legitimar la continuidad en el poder del general Maximiliano Hernández Martínez en 1939, cuando se le otorgó la presidencia de la república por un periodo adicional de seis años. Nayib Bukele y sus aliados ya no ven la necesidad inmediata de proceder con la emisión de una nueva Constitución o reformar la vigente, pero seguramente se le dará continuación a ese proyecto cuando esté asegurado su segundo mandato para prorrogarlo por un tercer periodo.

La oposición salvadoreña en estos puntos se puede considerar que es por tanto ineficaz en movilizar a la ciudadanía en contra del actual gobierno; aparte de que la reelección presidencial puede resultar positiva si en el futuro accede al poder el representante de una fuerza política que verdaderamente represente los intereses de todos los sectores sociales que actualmente no son representados. A esto hay que añadir que la reelección no es algo raro en el mundo; al contrario, es muy común. Por ejemplo, en el continente americano la reelección presidencial está vigente en trece países, que son: Argentina, Brasil, Canadá, Bolivia, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela. En la mayoría de países europeos, excepto Malta y las monarquías todavía existentes, la reelección presidencial es permitida; esto incluye a países tales como Albania, Alemania, Austria, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda e Italia. Aun en las monarquías donde la máxima autoridad, el rey, es de tipo hereditario, de las nueve existentes excepto dos, el periodo del mandato del funcionario que en la práctica desempeña las funciones de un presidente es indefinido y puede ser reelecto en su cargo si cuenta con la correlación favorable en el Parlamento.

Está claro que en El Salvador se ha visto una tendencia manifiesta cada vez mayor a consolidar un régimen de tipo dictatorial y el camino para ello ha sido allanado utilizando inclusive medidas fuera de la legalidad. El gobierno de Nayib Bukele ha copado los tres poderes del Estado y de las instituciones más importantes del quehacer gubernamental; pero esto le ha sido posible porque cuenta con el respaldo casi absoluto de una buena parte de fuerzas políticas y él mismo fue electo y cuenta con la aprobación de la mayoría de la población. Aparte de esto, cuenta con el apoyo y consentimiento de la derecha más tradicional, la élite económica del país que siempre ha gobernado a través de uno u otro partido político, los cuales en su momento han copado todas las instituciones del Estado, aunque lo hayan hecho por separado, lo cual no importa, porque siempre han representado los mismos intereses. Además, si en la política pudiera haber honestidad, ¿cuál sería la respuesta a la siguiente pregunta?:

¿Qué hubiera hecho otro líder político si estuviese en la misma situación ventajosa del actual gobernante y secuaces partidarios?