El pasado 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada mayoritariamente por el partido y aliados del presidente Nayib Bukele, escandalizó a algunos sectores nacionales y extranjeros al decretar la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la república, nombrando inmediatamente a los sustitutos sin haber seguido el debido proceso. Algunos han llamado esta acción “Golpe de Estado”, “Autogolpe” y “Golpe a la Democracia”; sin embargo, el presidente la llamó “Limpieza de la casa». Con este movimiento, el presidente se asegura el control de los tres poderes del Estado, y ha insinuado que su llamada “limpieza” continuará.

De que un solo partido político controle los tres poderes del Estado no es nada nuevo en El Salvador. Al contrario, casi siempre ha sido así, excepto durante un lapso de 10 años en que el partido FMLN estuvo al frente del ejecutivo con el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), y el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). No obstante, aún durante ese periodo, el control del Estado siempre lo sostuvo el mismo actor: la derecha recalcitrante con sus facciones extremistas y gansteriles. Cuando este actor perdió el Ejecutivo, supo imponer su poder a través de su mayoría en la Asamblea Legislativa y la designación de sus representantes en la Corte Suprema de Justicia, particularmente el órgano de ésta conocido como la Sala de lo Constitucional, a través de los cuales bloqueó todo lo que quiso e hizo avanzar su propia agenda. Hasta entonces, la derecha tradicional había controlado la totalidad del Estado desde su fundación, previamente a través del partido ARENA, sucesor del Partido de Conciliación Nacional, cuyo progenitor había sido el PRUD (Partido Revolucionario de Acción Unificada) por medio del cual los militares gobernaron en representación de la oligarquía. En ninguno de los breves periodos en que gobernaron Juntas Cívico-Militares o Juntas Revolucionarias de Gobierno, incluso cuando Napoleón Duarte estuvo en el Ejecutivo, la derecha perdió el control del Estado. Cuando estuvo en riesgo, se valió del terror a través de la matanza para imponerse.

Tal vez por eso muchas personas guardan silencio ante las decisiones de la nueva Asamblea Legislativa. ¿Quién puede decir algo a favor de magistrados y fiscales que solo han servido para proyectar la justicia hacia un único sector privilegiado de la sociedad y para mantener la impunidad de asesinos y corruptos? Es verdad que últimamente la Sala de lo Constitucional había emitido algunas resoluciones que buscaban proteger los derechos de la población ante el carácter abusivo y restrictivo de la cuarentena decretada por el gobierno de Nayib Bukele; pero era demasiado tarde para lavarle la cara a una institución desprestigiada más allá de los límites, igual que toda la clase política salvadoreña.

Por otra parte, los organismos internacionales que se han pronunciado poniendo el grito en el cielo por el supuesto “golpe a la democracia”, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y algún organismo de la Unión Europea, gozan en el mundo de la gente informada, de un desprestigio creciente debido a la incongruencia de sus acciones: por un lado apoyan o promueven actos golpistas como el de Bolivia y al autoproclamado Presidente de Venezuela, el títere corrupto Juan Guaidó, y por el otro, condenan a quien no está enfilado ideológicamente con su agenda. Lo mismo ocurre con los organismos dizque defensores de los derechos humanos (Human Rights Watch, CDIH, Amnistía Internacional). Son instituciones que han demostrado a lo largo de su existencia que obedecen a intereses particulares, como lo demuestran el silencio que guardan ante graves violaciones a los derechos humanos, como está ocurriendo ahora mismo en Colombia, como ocurrió durante el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, como ha ocurrido en Chile con la represión comandada por Sebastián Piñeira; sin mencionar lo desproporcionado de sus reacciones tan asimétricas ante casos como los de Julian Assange y Alexei Navalny.

Quienes guardan silencio ante las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, tal vez lo hagan también con la expectativa de que algo bueno pueda devenir de ellas. Pero resulta dudoso que un presidente junto con sus funcionarios que se han esforzado en eliminar toda forma de fiscalización, y que han sido señalados de demostrar un irrespeto total hacia las leyes, quiera en realidad limpiar la casa. Más parece que lo que podrían estar haciendo es asegurarse de tener el campo libre para poder hacer lo que se les venga en gana sin tener que rendirle cuentas a nadie, y de paso, perseguir y castigar a sus adversarios políticos. Al fin y al cabo, Bukele ha demostrado que pertenece a la misma escuela de líderes populistas como Trump y Bolsonaro, en diminuto, por supuesto, y su acervo ancestral árabe indicaría una tendencia al totalitarismo como el de algunas crueles monarquías del Medio Oriente, en donde se destaca Arabia Saudita, cuyo monarca de facto llegó hasta el colmo de ordenar el asesinato por descuartizamiento de un reconocido periodista opositor.

Más bien estas acciones parecen ser el preludio del recrudecimiento de una lucha entre sectores de la derecha de El Salvador, la cual se puso de manifiesto luego que el expresidente Tony Saca se escindiera del partido ARENA para fundar el suyo propio (GANA), y más adelante ese instituto político lograra llevar a la Fiscalía General de la República a un fiscal que se atrevió a iniciar investigaciones contra el expresidente Francisco Flores por apropiación de fondos del Estado. La venganza de la ultraderecha vino poco después cuando volvió a controlar la fiscalía y puso en la cárcel a Tony Saca y al exfiscal Luis Martínez, quienes podrían quedar en libertad próximamente o pasen a un sistema privilegiado de encerramiento, si no están gozando ya de ello.

Lo peor para los adversarios del actual presidente estaría por venir, ya que aparte de la persecución que se va a desatar, está proyectada la reforma de la Constitución de la República, en la que –entre otras cosas– se le pretende agregar un artículo que permita la reelección del presidente, cosa que ha sido negada varias veces por allegados del gobierno. Lo cierto es que todo esto es parte de un largo proceso de lucha del pueblo salvadoreño, que no siempre ha obtenido las victorias por las que se ha sacrificado hasta el punto de brindar su sangre, como ocurrió en 1932 y durante la guerra civil de los años 80s. No pasará mucho tiempo para ver qué rumbo toman los acontecimientos a partir de estas medidas radicales, que aunque han sido deseadas y buscadas por la mayoría de la población, ahora que se dan generan temor en algunos que tal vez tengan razón para desconfiar.